Diputados de la 4T solicitan ante TEPJF juicio por violencia política

Por Centralnd/ Redacción
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***Las y los legisladores del bloque 4T en el congreso local consideran que se violaron sus derechos político electorales en aprobación del crédito.

***Se trata de un primer recurso jurídico en el que se solicita al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reponga los procedimientos de las dos sesiones en las que les fue negado el uso de la voz y el derecho a ejercer el voto a las y los diputados locales que se opusieron la deuda.

Las diputadas y diputados de la Cuarta Transformación que se oponen a la deuda por 740 millones de pesos que fue autorizada por 15 legisladoras y legisladores del Congreso del Estado a la administración estatal que encabeza José Ignacio Peralta Sánchez iniciaron el camino legal para impedir que se consume el empréstito.

En la Oficialía del Congreso del Estado, las diputadas Ana Karen Hernández (Partido del Trabajo), Claudia Aguirre Luna (Morena), Blanca Livier Rodríguez Osorio (Morena), Araceli García Muro (Morena) así como los legisladores Arturo García Arias (Morena) y Vladimir Parra Barragán (Morena) presentaron una demanda que deberá ser atendida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la violación a sus derechos político electorales y a la violación de ese mismo derecho al Pueblo de Colima.

Y es que, las legisladoras y legisladores locales de la 4T, promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, vía pre saltum, para que lo resuelva la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el documento se tiene a las legisladoras y legisladores «denunciando violencia política», pues fueron vulnerados sus derechos político- electorales en dos momentos.

El primero, cuando el martes 7 de julio, se convocó a una sesión virtual para determinar una sede alterna al edificio del Congreso del Estado -que había sido tomado por ciudadanos como un ejercicio de resistencia- y les fue negado el uso de la voz a las diputadas y diputados que se oponían a la deuda.

El segundo cuando les fue impedido con el uso de la fuerza pública el acceso a la sesión ordinaria en la que, a la postre, diputadas y diputados del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, independientes y dos de Morena aprobaron la deuda al Gobierno del Estado.

Ana Karen Hernández Aceves, diputada local por el Partido del Trabajo, refirió que al «quebrantarse el derecho humano de votar y ser votado, también se violentó el derecho de los representados en el Congreso».

En ambos momentos, agregó la legisladora, “se violaron nuestros derechos políticos como funcionarias y funcionarios públicos y, por consecuencia, el de nuestros representados, es decir, del pueblo que nos eligió”.

 

«El voto trasciende al ejercicio del cargo público, pues el derecho que ejerce el ciudadano al votar por su representante, es un ejercicio soberano emanado del pueblo, y el representante popular ejerce esa soberanía en la función pública para la cual fue electo o electa, por esa razón al coartar el derecho del uso de la voz y de ejercer su cargo a las y los diputados, se configura una violación a un derecho fundamental y una violación a la soberanía que representamos», explicó.

Reveló, además que en el juicio de Protección de los Derechos Político Electorales también se denuncia la violencia política de género: «es claro el mensaje que envió el Gobernador con el uso de elementos antimotines que nos agredieron, con eso se normaliza la violencia hacia a las mujeres, aun cuando nuestro Estado tiene una alerta de violencia de género y múltiples feminicidios».

En suma, agregó la legisladora manzanillense, con esas acciones ilegales, se violentó el derecho político electoral que tenemos a votar y a ser votados, dado que no se nos permitió el ejercicio pleno del cargo de Diputados locales. Ese acto fue prepetrado por el Diputado Presidente del H Congreso del Estado de Colima, Memo Toscano Diputado, coaligado con el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y con el Secretario de Seguridad Publica del Estado, Miguel Ángel García Ramírez.

En el juicio también se solicita a la Autoridad Electoral emita órdenes de protección para que las Diputadas y Diputados puedan ejercer libremente su cargo público y que se repongan los procedimientos con la finalidad de que puedan ejercer su derecho al voto en las sesiones en las que les fueron violados.

«Lo hemos dicho desde el primer día, no vamos a permitir que se endeude al Pueblo de Colima, ni que en nuestra entidad la ilegalidad se convierta en norma, mucho menos que se «normalice» el atraco y la violencia política como una forma de gobierno».

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