Insiste FGR en orden de aprehensión contra científicos de CONACYT

Por CentralND/Agencias/ Fernando Álvarez Luján
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***Exige la Fiscalía General de la repúblicas al Juez de Distrito informe pública y claramente su posición jurídica ante el caso.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la república exigió al Juez de Distrito competente en este caso, a que precise de manera clara y pública su posición ante el caso de la solicitud de orden de aprensión por peculado, uso ilícito de atribuciones, lavado de dinero, delincuencia organizada y uso indcebido de recursos públicos, presentada contra ex funcionarios, investigadores y científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que la FGR interpuso ante esa instancia, por delitos patrimoniales en contra del erario público, la cual fue rechazada por el Juez de Distrito quien argumentó que: “la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACYT, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del CONACYT, lo autoriza”

Ante este rechazo la FGR señaló que no está de acuerdo con ese criterio por lo que no es aceptable, en virtud de que “un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del CONACYT, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT… y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución, y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra  de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria”, por tales razones La FGR solicitará nuevamente y por tercera oacasión la orden de aprensión contra investigadores, científicos y ex funcionarios involucrados, pero en esta ocasión “explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”. Indicó la dependencia

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